Desde que se dio a conocer el escándalo internacional de la empresa constructora brasileña Odebrecht y sus remanentes llegaron a territorio dominicano tras el efecto dominó que se levantó en América Latina, vimos y escuchamos las inmediatas acciones de la Procuraduría General de la República en la persona del propio procurador, Jean Alain Rodríguez que en varias ocasiones ha mencionado y enfatizado que llegarán hasta las últimas consecuencias y textualmente ha recalcado que las investigaciones continuarán «caiga quien caiga».

Como era de esperarse esas declaraciones del procurador impactaron en la sociedad y de algún modo generaron cierta expectativa en un país como el nuestro donde podemos decir sin temor a equivocarnos que la justicia es selectiva, pues le llega a quien más recursos posee, o a quien más poder maneje. Unas declaraciones como estas solo esperaban ser materializadas ya que la propia empresa extranjera confirmó que pagó la suma de 92 millones de dólares en sobornos a funcionarios dominicanos para poder ser beneficiada de los contratos que aún siguen vigentes y que en pocos meses volverán a operar con normalidad en el país.

Fuera de Ángel Rondón quien ha sido calificado como la persona que recibió los 92 millones de dólares en sobornos de los cuales él asegura los recibió como pago por sus servicios, nadie más ha sido ni mencionado ni juzgado en este caso que al parecer desde el 2001 que se tienen nexos con esta empresa ninguno de los honorables funcionarios dominicanos ha cedido ante las propuestas de ganarse un dinerito extra, y parece que Odebrecht ha ganado todas las licitaciones pura y simplemente por ser la mejor de las propuestas planteadas.

A todo esto ya nos hemos preguntado cómo es que el señor Rondón no ha salido a defenderse con una prueba que sería irrefutable y le callaría la boca a los que lo difaman. Solo bastaría que su empresa muestre al país a través de los medios de comunicación el pago de los impuestos de esos 92 millones de dólares que según él cobró legalmente por sus servicios. Hablamos de unos 771 millones, 696 mil pesos si se calcula solo el pago del 18% del itbis contando la tasa actual del dólar y al cerrar el año fiscal sería el 28% del impuesto sobre la renda del monto total de las utilidades.

Lo que está pasando en estos días en República Dominicana es para reflexionar, para tomar acciones serias y para cuestionarnos de cuál es el sistema que nos dirige, porque si con este caso de Odebrecht nadie es juzgado ni condenado y  en cambio se llegan a acuerdos ridículos que se desvanecerían en el tiempo sin tener constancia de que esa empresa cumplirá, sin poder predecir si mañana o en unos años se declarará en quiebra y así evita completar su compromiso y que con el tiempo muchos de esos involucrados que recibieron beneficios de esa empresa podrían desaparecer para hacer que el pueblo se olvide de lo acontecido, o peor aún, utilizar ese dinero mal habido para hacer campaña y postularse en los puestos que le generen más poder.

«Caiga quien caiga» dijo el procurador, pero Odebrecht seguirá completando las obras adjudicadas, como si con el mero hecho de haber cometido un delito no es razón suficiente para sacarlos para siempre del país.

América Latina ha mostrado en varios de los países que se ventila el mismo caso que la justicia ha jugado su papel condenando a los imputados y a pesar de los acuerdos a los que puedan llegar se siguen sometiendo a los involucrados, pero en nuestro país de todas las figuras que han desfilado por la procuraduría ninguna ha tenido nada ilícito con esa empresa, ningún funcionario fue corrompido y mucho menos se han encontrado evidencias.

Y dejamos como interrogante, si la propia Odebrecht confirmó que hubo soborno y ya en países como Colombia, Perú, Argentina, Ecuador y el propio Brasil hay detenidos, investigados y sentenciados por las pruebas presentadas de la corrupción que imperaba en estos acuerdos realizados, cómo es que en República Dominicana nadie sabe nada, nadie tomó nada y lo peor es que con ese acuerdo que pone fin a su persecución al parecer nadie se enterará de quiénes fueron los favorecidos con esos 92 millones de dólares.

Por Lorenny Solano.